“Es el momento de que el Gobierno Vasco asuma las responsabilidades políticas derivadas de la tortura ejercida por la Ertzaintza”

Una delegación de personas torturadas por la Ertzaintza ha pedido al Gobierno Vasco valentía para que en las celebraciones previstas de cara al próximo 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, asuma sus responsabilidades políticas y dé pasos para garantizar a estas víctimas su derecho a la verdad y al reconocimiento.

Hoy nos hemos reunido aquí una representación de personas que hemos sido torturadas por la Ertzaintza, para hacer una valoración sobre la conmemoración prevista de cara al “Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura” el próximo 26 de junio, y para demandar al Gobierno Vasco que reconozca de una vez por todas la responsabilidad que tiene en nuestra victimación.

El 20 de junio de 2019, el Parlamento Vasco aprobó en el pleno por unanimidad instar al Gobierno Vasco a la conmemoración ese día.

Aquel día, una delegación de la fundación Egiari Zor, compuesta por víctimas de la tortura, acudió a la cámara de Gasteiz, donde valoramos como positivo contar con un nuevo mecanismo institucional, que ayudaría a situar el drama de la tortura en el mapa de la verdad del sufrimiento vivido en Euskal Herria. Siempre que, superando lo meramente simbólico, se adoptaran al mismo tiempo medidas efectivas para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la tortura, y se asumieran responsabilidades.

Hace unas semanas, el Gobierno Vasco anunció que este 26 de junio realizará un acto institucional de reconocimiento a las primeras 30 víctimas que han sufrido la violencia del Estado.

Desde Egiari Zor Fundazioa valoramos muy positivamente este paso, puesto que será un acto necesario sin duda, que traerá consigo el reconocimiento público y oficial de algunas víctimas de la violencia practicada por el Estado, entre ellas la tortura, y pondrá en vías de reparación esas vulneraciones de derechos humanos padecidas por estas personas.

Sin embargo, debemos también señalar que este acto no responde al mandato parlamentario que la cámara vasca hizo al Gobierno Vasco en 2019: conmemorar el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura y reconocer a estas víctimas ante la sociedad por la injusticia que supone esta grave vulneración de derechos humanos.

Somos conscientes que entre las víctimas que se van a reconocer hay personas torturadas; pero tememos que mezclando los dos actos se diluirá el objetivo que perseguía la Proposición No de Ley en el inicio.

Lamentamos que esto sea así, porque consideramos que en este momento histórico que vivimos, donde la construcción de la convivencia del futuro es el compromiso que la gran mayoría de la sociedad vasca ha asumido, esta hubiera sido una inmejorable oportunidad para que el Gobierno Vasco hiciese un ejercicio de reconocimiento público a las víctimas de la tortura, y también un sincero ejercicio para asumir sus responsabilidades como gobierno de forma sincera.

Nos referimos a las responsabilidades que el Gobierno Vasco tiene para con nosotras, las víctimas de la tortura practicada por la Ertzaintza.

Hasta ahora, el Gobierno Vasco ha eludido su responsabilidad para no confrontar con su hipocresía: la de exigir a otros lo que él mismo se niega a asumir. No ha existido autocrítica ninguna a este respecto, ni siquiera cuando el Informe Sobre la Tortura en Euskadi, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Gobierno Vasco, certificó mediante la aplicación del Protocolo de Estambúl que, al menos 336 casos de tortura fueron llevados a la práctica por la Ertzaintza durante los Gobiernos del PNV.

Si la tortura ha sido posible, es porque existía un pacto de Estado que la posibilitaba. Todo un engranaje perfectamente diseñado donde la impunidad era la clave para que esta práctica ilegal permaneciese vigente durante décadas. Engranaje donde el Gobierno Vasco también jugó su papel.

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hemos sufrido décadas de negacionismo institucional que han posibilitado no solo la impunidad ante este crimen, sino también su perpetuación. No se nos olvidan declaraciones de responsables políticos de la Ertzaintza que una y otra vez han rechazado las acusaciones de tortura; o aquellas palabras del mismo Lehendakari, que orgulloso hablaba de la ausencia de condenas por tortura contra la Ertzaintza. 336 casos verificados por un informe propio y ni una sola condena, esta es la prueba de una impunidad manifiesta que debiera provocar cuando menos vergüenza y autocrítica.

La impunidad ante graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de la policía no puede ser, en ningún caso, un elemento para el orgullo, sino más bien un revulsivo para tomar medidas que la erradiquen. En el fondo de esta cuestión anida, creemos, la necesidad de reforzar el discurso legitimador de un modelo policial que a la vista está no garantiza la salvaguarda de los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía.

Existen, por lo tanto, responsabilidades políticas que asumir. Y existen medidas de reconocimiento y reparación que se pueden poner en marcha de inmediato; las víctimas de la tortura llevamos demasiados años esperando. Entendemos que a ello debe responder este 26 de junio y, por ello, como víctimas de la Ertzaintza, hacemos un llamamiento al Gobierno Vasco a que con valentía reconozca su responsabilidad.